Gestión e innovación

BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Garmendia busca atraer la inversión privada hacia la I+D+i


Crea la Estrategia de Ciencia y Tecnología y tres órganos: el Consejo de Política Científica y Tecnológica, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Comité Español de Ética de la Investigación

Leire Sopuerta Biota / Redacción. Madrid Los distintos partidos políticos tienen ya en su poder el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que la ministra Cristina Garmendia presentará al Consejo de Ministros el 12 de marzo, y cuyo objetivo es modernizar el sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), reorganizar las capacidades de los organismos públicos de investigación (OPI) y reforzar las capacidades de la innovación.

La nueva ley, que sustituirá a la vigente de 1986, incentiva fiscalmente el mecenazgo en materia de investigación y desarrollo con el objetivo de promover esta actividad insuficientemente desarrollada en España y que constituye un aporte fundamental en la financiación de la ciencia en otros países líderes.

En lo que se refiere a la inversión privada en actividades de investigación, desarrollo e innovación con objetivos de mercado, el texto busca sacar a España “de estar muy por debajo de su potencial, una situación que impacta negativamente en indicadores esenciales para la competitividad de la economía española”.

Así, los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, incluidos las Universidades Públicas y los Centros e Instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo. Estos convenios los podrán firmar los propios agentes públicos entre sí, con agentes de ejecución privados que realicen actividades de investigación científica y técnica y con fundaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro nacionales y extranjeras.

El anteproyecto, cuya elaboración se inició el otoño pasado, establece la creación de la Agencia Estatal de Investigación, orientada prioritariamente al impulso de la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.

Carrera científica

La nueva ley establece una nueva carrera científica que, según el borrador, estará “basada en méritos y socialmente reconocida”. Asimismo, el texto recoge que el actual marco vigente no es el adecuado para que España pueda formar, retener y atraer talento científico, siendo ésta es una de las claves para que la ciencia española mejore su competitividad y pueda participar en igualdad de condiciones a nivel internacional.

Tal vez por ello se crea el denominado contrato de investigador distinguido, al que se podrán acoger los agentes que quieran contratar investigadores de reconocido prestigio, “para dirigir equipos humanos, instalaciones y proyectos científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia”. Se pueden acoger a esta modalidad tanto investigadores extranjeros como españoles que investigan fuera.

Nuevas estrategias, consejos y comités

También es novedad el cambio del Plan Nacional de I+D+I por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, que se financiará con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y con aportaciones de entidades públicas y privadas. “El Plan contendrá los compromisos financieros que permitan garantizar la financiación de los programas de desarrollo de las prioridades científico-técnicas y podrá ser revisado con periodicidad anual”.

Asimismo, se crea la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa se concibe como el marco de referencia plurianual para alcanzar un conjunto de objetivos generales compartidos por la totalidad de las Administraciones Públicas con competencias en materia de fomento de la investigación científica y técnica. Además de tres nuevos órganos: el Consejo de Política Científica y Tecnológica, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Comité Español de Ética de la Investigación.

El Consejo de Política Científica y Tecnológica es el órgano encargado de la coordinación general del sistema y su función principal es la de informar la propuesta de Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y establecer los mecanismos de evaluación de su desarrollo, e informar el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y los planes de las comunidades autónomas. Este Consejo estará asesorado por el Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e Innovación, en el que estarán representados los agentes sociales y las organizaciones sociales cuya actividad esté vinculada a la investigación científica y técnica y la innovación. El Comité de Ética tendrá como función principal la de emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica.

También el borrador dedica un espacio a la Estrategia Estatal de Innovación, que “constituye el marco de referencia plurianual en el que se definirán los elementos e instrumentos disponibles al servicio del cambio del modelo productivo, con el objetivo de trasformar la economía española en una economía basada en la innovación”.