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PRIMER ESTUDIO EN EL SECTOR SOBRE EFECTOS ADVERSOS PADECIDOS POR EL ENFERMO

Los pacientes de la privada, algo más seguros que en la pública


Ana Pastor reprocha al Gobierno central que no aplique la LOPS a los profesionales del ámbito privado

Javier Barbado. Madrid / Los enfermos asistidos en la sanidad privada, que representa el 30 por ciento de la asistencia en España, corren similar riesgo de padecer efectos adversos que quienes acuden a los servicios públicos del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las conclusiones del primer estudio sobre Seguridad del Paciente en el sector sanitario privado que ha presentado Jesús M. Aranaz, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario San Joan, durante el VI Encuentro de Sanidad Excelente Privada organizado por la consultora Áliad.

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De izq. a dcha.: Julio González Bedia, Daniel Craven-Bartle, Jesús M. Aranaz y el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Mario Mingo, quien estuvo entre el público asistente a la jornada.

Los autores de esta investigación epidemiológica, que se encuadra en el bautizado como “Proyecto Confianza”, utilizaron una muestra de 1.097 pacientes, de los cuales 802 siguieron el proceso estudiado hasta concluirlo. Según apuntó Aranaz, se obtuvo un resultado del 2,87 por ciento en la frecuencia de efectos adversos entre los enfermos objeto de observación, lo que –matizó– responde a “valores comparables a estudios (sobre Seguridad del Paciente) hechos en Estados Unidos” y “un poco inferiores” a los reflejados en otros documentos como el Eneas, conocido informe publicado en España en el año 2005.

De los efectos adversos registrados en el estudio, el 12 por ciento estaban relacionados con los cuidados; el 20 por ciento, con la medicación; otro 20 por ciento, con las infecciones intrahospitalarias; el 33,3 por ciento, con los procedimientos de la asistencia y, por último, un dos por ciento de los eventos indeseables se asoció al diagnóstico de la enfermedad.

Aranaz también señaló que el 17,4 por ciento de los enfermos con efectos adversos ingresó como consecuencia de éstos, y advirtió de que la mitad de los males padecidos por los pacientes en el sector privado, siempre de acuerdo con el estudio, “son evitables”. Y enumeró una serie de “recomendaciones”, como no perder de vista la mayor “vulnerabilidad” de determinados colectivos de enfermos, entre los que citó los que no requieren de intervención quirúrgica y las mujeres atendidas en los servicios de Ginecología, ya que se trata de pacientes “sanas” portadoras, sin embargo, de fetos muy vulnerables.

Por todo ello, el especialista avisó al auditorio de la “necesidad” de promover “estrategias preventivas para disminuir el riesgo y reforzar el cambio de enfoque de mejora del sistema”.

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Ana María R. Viguri, presidenta de Áliad; Ana Pastor; Antonio Montero Sines, vicepresidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas; y Julio González Bedia.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, aprovechó la inauguración de la jornada para reprochar al partido en el Gobierno no haber aplicado la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que ella misma redactó en parte, en lo que se refiere a regular la “estructura general” de la formación de los profesionales sanitarios y a establecer un “registro profesional” que permita “hacer efectivas” las prestaciones sanitarias.

De hecho, Pastor reprobó la conducta del Gobierno central por cuanto parece rehuir a la sanidad privada cuando debería fomentar una “evaluación continua de su calidad” así como velar por el “desarrollo profesional”, incluida la formación, acreditación y reacreditación, de los profesionales de este sector que, recordó, absorbe “el 32 por ciento de los ingresos, el 25 por ciento de las urgencias, el 40 por ciento de las intervenciones quirúrgicas y el 60 por ciento de las RMN”, además de contar con “más 56.000 camas y más de 400 hospitales”. De ahí que abogase por que las autoridades del sistema sanitario público vean en la privada un sector complementario y, en especial “en estos tiempos de crisis”, de contribución a la sostenibilidad del sistema.

En el mismo escenario el director general de Áliad, Julio González Bedia, y el director jurídico de Proyectos de esta consultora, Daniel Craven-Bartle, expusieron los resultados de gestión y formación, y de los servicios jurídicos, respectivamente, del programa Sanidad Excelente Privada.