Gestión e innovación

ABRE LAS PUERTAS A LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El Gobierno adapta la Ley de Ciencia a la España autonómica


La normativa garantiza el máximo control de los fondos públicos

Redacción. Madrid / El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes 7 el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una nueva normativa que significa un gran avance puesto que adapta la legislación al gran progreso experimentado por el sistema científico español en los últimos años. La ley, que sustituirá a la anterior ley de la ciencia de 1986, adaptará el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales de España, con un volumen mucho mayor de investigadores –seis veces más que en 1986-, de fondos dedicados a la I+D+i –catorce veces más que en 1986- y con un país condicionado por dos nuevas realidades: el desarrollo de las autonomías y la adhesión a la UE.

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La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

El Gobierno, siempre con la voluntad de aprobarla con el mayor consenso posible, ha querido contar con las valoraciones de los colectivos implicados, agentes sociales, comunidad científica, comunidad universitaria etc. El texto aprobado hoy incluye sugerencias adicionales de muchos de estos colectivos recogidas en las últimas semanas.

El texto, aprobado el viernes responde a cuatro grandes retos: el diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer talento científico. La ley incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D. Además, se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que muy pocos países contemplan. El texto aprobado hoy reconoce también específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

En segundo lugar, promueve un sistema de I+D más eficiente y eficaz con la creación de una Agencia de financiación que dotará de mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica y al mismo tiempo garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

Y, como tercer reto, la normativa también responde al necesario cambio de modelo productivo abordando diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público-privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo profundizando y complementando lo previsto ya en la Ley de Economía Sostenible.

Por último, la Ley establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, definiendo un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica. Se trata así de maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D, evitando duplicidades.

Otras novedades de la Ley

Además, entre las novedades del texto aprobado hoy, se incluyen las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia. Se trata de avanzar en un modelo que capaz de incentivar a los grupos de investigadores con mejores resultados científicos.

La Ley también apuesta por un aspecto que para el Gobierno es esencial, la difusión universal del conocimiento científico y su apertura a la sociedad, recogiendo medidas importantes en materia de cultura científica y tecnológica. . El proyecto contempla que las administraciones públicas tengan, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia.

Por otra parte, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica incluirá medidas para fomentar la divulgación científica y tecnológica y de la actividad de museos y planetarios además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico.

Asimismo, la futura ley creará el Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas. En éste último punto podrá establecer los principios generales para elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación.

Otra de las intenciones de la ley es mejorar una de las carencias del sistema español de I+D+i: la cooperación entre agentes públicos y privados. La Ley prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.

Por último se recogen una serie de aspectos trasversales, pioneros en muchos aspectos, que son de especial interés para el Gobierno. El fomento de la participación de la mujer en la actividad científica, en particular garantizando que no se produzcan sesgos ni discriminaciones negativas por cuestión de género, la incorporación de la cooperación científica y tecnológica al desarrollo en proyectos de colaboración con países prioritarios para la cooperación española o la publicación en abierto de las investigaciones realizadas con fondos públicos permanecen como elementos básicos en la ley. Estos elementos reflejan la visión de la ciencia del Gobierno como herramienta esencial para lograr una mayor justicia social.