Gestión e innovación

OTROS PAÍSES CONSIDERAN IMPRESCINDIBLE EVALUAR LA COSTE-EFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS

Directivos de toda España defienden el desarrollo de la “cuarta garantía”


El segundo plan estratégico de política farmacéutica incluirá “criterios de financiación selectiva”

Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Los costes sanitarios de cualquier país están inmersos en una “dinámica” de permanente crecimiento. España no es una excepción, pero eso no debería limitar en ningún caso el adecuado control y seguimiento de los medicamentos y de la tecnología sanitaria, que además de la trilogía clásica de “calidad, seguridad y eficacia” incluye la evaluación económica como “cuarta garantía”.

Éstas son algunas de las conclusiones a que ha llegado un grupo de expertos reunido este jueves en la Real Academia Nacional de Medicina. El encuentro, titulado “A propósito de la cuarta garantía” y que ha organizado la Fundación Gaspar Casal y patrocinado la farmacéutica Merck, ha analizado esta última variable, es decir, la relación entre el coste y la efectividad de los productos sanitarios y la necesidad de instaurar un sistema que, a partir de ese cálculo, los examine, puntúe y homologue.

Entre los directivos de los distintos servicios regionales de salud, cabe destacar a Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Catsalut; Pedro Serrano, jefe del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud (Gobierno de Canarias); Salvador Peiró, de la Unidad de Investigación de Servicios de Salud del Centro Superior de Investigacion en Salud Pública de la Generalitat Valenciana; y José Asua, director de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco.

Durante el acto inaugural, el director general de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez, aseguró que, en los últimos tres años, se ha duplicado en España el número de medicamentos que no ha superado los correspondientes controles de evaluación. Algo que ha ido parejo a la disminución del número de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Para Jiménez, existen dos grandes “líneas de actuación” que las autoridades sanitarias deben tener en cuenta para asegurar su sostenibilidad. Por un lado, “usar con más eficiencia los recursos disponibles”, y, por otro, “ser muy exigentes al introducir nuevas técnicas, medicamentos y procedimientos que aporten ventajas sustanciales y sean asumibles por la sociedad”, es decir, no obviar una evaluación previa del producto incluida la económica.

Jiménez también dedicó unas palabras al segundo plan estratégico de política farmacéutica del Ejecutivo: “Nos hemos planteado, dentro del plan, la profundización en criterios de financiación selectiva potenciando los informes de utilidad terapéutica y coste-efectividad (…)”.

Australia y Canadá, pioneros en la “cuarta garantía”

Álvaro Hidalgo, profesor titular de Teoría Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, explicó que, en el contexto internacional, Australia y Canadá son los países pioneros en aplicar métodos evaluadores de la relación coste-efectiva de los medicamentos. Asimismo, recordó que, en la Unión Europea, hay naciones en las que esta medición es ahora mismo “imprescindible” (caso de Finlandia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos); otros en los que se usa de forma “discrecional” esta evaluación (como Italia e Irlanda) y otros, por fin, en los que su uso todavía es escaso (entre ellos España).

Otro docente de la Universidad de Murcia, José Luis Abellán –quien no asistió a la cita pero se dirigió al auditorio por medio de videoconferencia– citó algunas de las características generales del estado actual en Europa de la “cuarta garantía” de los productos sanitarios: suele aplicarse a medicamentos nuevos; sirve para determinar si un medicamento es financiable o viable económicamente; y debe velar asimismo por el impacto presupuestario de la financiación del producto en el SNS.

Para ilustrarlo con un ejemplo, Abellán recordó una reciente polémica en Reino Unido sobre la compra de medicamentos para pacientes con cáncer. En concreto, se discute si debe establecerse o no una excepción normativa con estos fármacos, de modo que no queden excluidos pese a que rebasen los baremos al uso de coste-efectividad (el candidato a primer ministro David Cameron ha prometido un fondo que garantice su prestación, según informó este especialista).

Acto seguido, la consejera técnica de la Subdirección General de Cartera de Servicios y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Sanidad y Política Social, Isabel Prieto, expuso la normativa vigente que regula el contenido de la cartera de servicios así como los criterios de actualización. Explicó, además, la clase de evaluaciones que se llevaban a cabo antes de 2007, entre las que citó las que se servían del criterio de los expertos e incluían la redacción de un informe evaluativo, y las revisiones bibliográficas. Este tipo de exámenes se usaban como base para justificar la inclusión –o el rechazo– de los productos examinados; para llevar a cabo una “acotación de indicaciones” o para que la Comisión de Prestaciones estableciera sus recomendaciones.

Evaluar el medicamento trasciende la fase de comercialización

César Hernández, subdirector de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps, dependiente del citado Ministerio), explicó el método de trabajo de este organismo en comunión con otros de carácter supranacional como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Según enfatizó tanto Hernández como, más tarde, Antonio Sarría (director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias –AETS– del Instituto de Salud Carlos III), evaluar el medicamento no se reduce a la fase que lleva a su aprobación e “incorporación” al mercado, sino que incluye su seguimiento posterior.

Carlos Lens, asesor de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, recordó por último, la considerable acumulación de experiencia en la regulación de precios y financiación de los productos sanitarios y resaltó la importancia de incluir la innovación entre las prioridades del Gobierno.