GESTIÓN Autonómica

Boi Ruiz, presidente de la Uniò Catalana de Hospitales

“No estamos para derribar gobiernos, sino para ayudarlos”


Javier Barbado. Madrid. La entidad que agrupa los intereses comunes de los hospitales en Cataluña no se limita a defenderlos. Se trata de una representación global del “sector salud” en esta comunidad autónoma, cuya administración fue, por cierto, la primera en tomar las riendas de la sanidad por delegación del Estado. De acuerdo con el entrevistado, éste debería crear ahora un organismo central que abordara asuntos comunes a todas las autonomías, incluida la vigilancia de los resultados de cada uno de los modelos gestores de las organizaciones sanitarias, y que sirviese de interlocutor ante el Ministerio de Sanidad. En cuanto a la resistencia a la gestión privada de los hospitales, califica de “maniqueísta” la idea de que equivalga a “privatizarlos”. Y aboga por el abandono de discursos “ideológicos” allá donde lo que interese es que el centro u hospital obtenga los resultados esperados.

Un reciente estudio de la entidad que preside descubre que, en la actualidad, se desarrollan en Cataluña 163 alianzas estratégicas entre centros sanitarios, con una media de 8,8 por entidad. Hay quien cree que la Generalitat debería intervenir para regular este tipo de acuerdos. ¿Cuál es su opinión?

No comprendo ese razonamiento de que la Generalitat tenga que intervenir, porque todas esas áreas de servicio han sido promovidas y acordadas por el Servei Català de la Salut. Muchas de esas (alianzas) se hacen con los gerentes y a instancias del propio servicio de salud regional, es decir, que son acuerdos entre los proveedores y la Generalitat. Por tanto, ese planteamiento que pude ver en un gran titular de prensa no es así. No hay ninguna alianza estratégica que pueda hacerse sin la autorización del Servei Català de la Salut.

Muchas veces la iniciativa parte de los proveedores, que se preguntan por qué no se comparte tal o cual servicio, laboratorio, compras… O al revés: algún miembro del Servei Català de la Salut viene y se pregunta por qué no se abre tal o cual línea de atención (y en lugar de hacerla uno solo, que no tendría suficiente masa crítica, se juntan dos para hacerla). Por lo tanto, no le veo fundamento a que tenga que intervenir el Servei Català de la Salut, porque ya es así.

El presidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, Fernando Mesa del Castillo, ha declarado su deseo de que la Uniò Catalana de Hospitales se integre en la federación, dado que los intereses de ambas organizaciones son los mismos.

Ha habido un contacto entre los máximos niveles de representación ejecutiva de ambas entidades y compartimos muchas cuestiones. Creemos que es necesario que haya una plataforma patronal asociativa y sanitaria. Pero no sólo de clínicas; nosotros éramos al principio clínicas y hospitales y ahora somos “sector salud”.

Abogamos, pues, por una plataforma de ámbito estatal, ya que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Pero todavía hay algunos elementos de políticas estatales, autonómicas y nacionales que dependen de la Administración general. Por lo tanto, con independencia de que cada una de las asociaciones sean interlocutoras en sus propias comunidades autónomas, hace falta una interlocución del sector en su conjunto con el Ministerio (de Sanidad y Política Social). Y no sólo con el Ministerio, sino también, por ejemplo, con Hacienda y con relación a regulaciones que son de ámbito estatal y que afectan al sector sanitario, pero que no salen de él. Me refiero a normativas de muy diverso tipo. Por ejemplo, la normativa laboral que afecta a la manera en que los médicos trabajan en las clínicas privadas: ésa no sale del Ministerio de Sanidad, sino del de Trabajo.

Por lo tanto, estamos interesados en contribuir a la creación de esa plataforma para proporcionar al sector sanitario, en su conjunto, aquellas normas o directrices que, al ser de nivel nacional, afectan a todas las comunidades autónomas. Y luego, las asociaciones en cada una de las comunidades autónomas, que hagan de interlocutor con la autoridad sanitaria competente en su territorio. Eso es fundamental en los tiempos que vienen, porque, a veces, se aprueban normativas de aplicación general por parte de algunos sectores de la administración pública, y no se tiene en cuenta su repercusión negativa en el sistema sanitario o en la prestación de los servicios, que se encarecen y se hacen imposibles.

El presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso, Gaspar Llamazares, logró que se aprobara, hace unos meses, una proposición de ley por la que se insta al Gobierno a que se excluya la posibilidad de acuerdos, convenios o contratos entre entidades privadas y el Sistema Nacional de Salud. Partidos como el PSOE se han mostrado favorables a la proposición. ¿Qué pasará en Cataluña?

La comunidad de referencia en la colaboración público-privada en el sector sanitario es Cataluña. No porque se haya escogido ese modelo, ya que Cataluña posee una evolución de más de 40 años en este sentido (los conciertos con el INP –Instituto Nacional de Previsión– se hacían antes de la democracia). Es decir, venimos de una tradición y de un modelo sanitario paradigmáticos en la colaboración público-privada.

(La proposición) responde a una toma de consideración, por parte de la Comisión, para iniciar un debate sobre este asunto. Creo que es algo imposible y que no ha lugar a este planteamiento ni siquiera desde un punto de vista ideológico. Existe una sanidad pública y hay una ley que lo determina, pero lo que no dice la ley es si los servicios tienen que ser exclusivamente prestados por el Estado, o directamente por la comunidad autónoma. Lo cierto es que la ley dice que “puede ser concertados con”.

Por lo tanto, no hay que confundir la provisión de servicios sanitarios en manos de entidades de gestión privada por medio de contratos, con la privatización de la sanidad. Hacerlo obedece a un claro maniqueísmo. Es, pues, imposible que esa proposición prospere. Creo que es un elemento testimonial que traslada una lucha política a un ámbito al que no corresponde trasladarla. Esa lucha se da en Madrid y en Valencia entre dos posiciones, y es legítima, pero no puede ser planteado como un elemento del que emane una regulación de ámbito estatal. Que se haga un pacto entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en esas dos comunidades… Yo lo veo inviable. Y lo veo más como un gesto político para marcar intenciones en relación a un problema de Madrid. Además, la realidad es tozuda y no la cambian las leyes.

Hace poco se ha hecho público el Informe Cátedra FEDEA-McKinsey, de título “Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario”. No han faltado críticas al estudio por parte de colectivos como la Asociación Nacional para la Defensa de la Sanidad Pública. ¿Cuál es su opinión sobre el informe?

Los planteamientos del estudio son totalmente coincidentes con el estudio que hicimos nosotros, hace ya unos cuantos años, y que fue motivo de un acuerdo entre todas las fuerzas empresariales en Cataluña que operan en el sector salud y no sólo entre hospitales. El informe es claro y lo que no puede hacerse es dejar de aceptar la realidad. Es evidente que estamos como estamos con los instrumentos que tenemos y, si queremos mejorar y no ir hacia una situación de necesidad en el sistema, habrá que cambiar cosas.

Por ejemplo, habrá que cambiar la financiación. O hay más dinero del erario público, o alguien tendrá que ponerlo de su bolsillo. O bien, por otro lado, limitamos las prestaciones o restringimos a determinada población el acceso a ellas. Porque se trata de mejorar los costes y, para ello, hay que mejorar la productividad. Eso significa que los sindicatos no podrán mejorar los sueldos a cambio de nada, sino a cambio de productividad. Es aritmética, no ideología. Ni el informe McKinsey ni el nuestro son ideológicos. En cambio, las posiciones que van en contra de determinados documentos son normalmente ideológicas. No hay nadie que pueda contrarrestar esos informes académicamente.

El informe de la consultora McKinsey propone, entre otras cosas, fijar un tique moderador como fórmula de copago. Supongo que está de acuerdo.

Totalmente. Estaría de acuerdo en decir “no” al tique moderador si la autoridad sanitaria pone el dinero que se recaudaría con él y, además, es capaz de convencer a la ciudadanía de que la sanidad no se convierta en un bien de consumo. En ese caso estaría encantado. Ahora bien, yo soy absolutamente consciente de que eso es imposible, porque, económicamente, las autoridades sanitarias siempre irán por detrás del presupuesto, que obedece a lo que determina la autoridad económica según las circunstancias de cada momento.

Por tanto, no es un problema de que alguien adopte una posición concreta, sino de que no haya quien sea capaz de poner más dinero y de obtener resultados en los objetivos del sector sanitario.

El Instituto Catalán de la Salud desarrolla, en los últimos años, diferentes modelos de autogestión, como las entidades de base asociativa (EBA). ¿Cómo lo ve?

Lo veo muy positivamente. Entendemos que los elementos de modernidad en la gestión pública pasan por la mayor corresponsabilidad de los profesionales que trabajan en la sanidad pública, y así podemos desviarnos de la acomodación que supone una postura laboral funcionarial, en el mejor sentido de ambas palabras. Yo creo que los profesionales que quieran asumir el riesgo de la autogestión deben tener la oportunidad de hacerlo.

Con eso quiero decir que no tenemos que obligar a que lo hagan todos los profesionales. Hemos de permitir que se dé una situación de libre elección, de modo que quien quiera comprometerse al riesgo pueda gestionar la marcha de equipos de Atención Primaria dentro del marco de una entidad pública. Eso, claro está, rompe el esquema igualitarista de las retribuciones de una entidad pública: el que se arriesgue y obtenga mejores resultados, es evidente que aquel que se arriesgue y obtenga mejores resultados deberá obtener recompensas. Pero también deberá asumir el riesgo de que, si los resultados son malos, sufra penalizaciones.

Ese modelo rígido de gestión de servicios públicos en el que nadie puede trabajar más, y en el que nadie puede cobrar en función de los resultados que obtenga como aportación al valor añadido de su trabajo, creo que nos lleva adonde estamos: a un modelo de insatisfacción general, porque no hay cosa más desmotivadora que ver que uno se esfuerza y recibe igual trato que quien no lo hace. Y no podemos limitarnos a denunciarlo sin hacer nada, porque eso lleva a confundir el progreso, de manera paradójica, con el conservadurismo de determinados estatus.

Ésa parece ser la misma ideología de fondo que siguen los gobiernos de otras autonomías, por ejemplo y ya que la ha citado antes, la de Madrid. Se quiere premiar el esfuerzo conforme al eslogan el dinero sigue al paciente.

Es uno de los grandes problemas de la sociedad y del sector sanitario. El médico –y yo lo soy– se ha movido toda la vida por lo que llamamos meritocracia. Así, todo el mundo intentaba hacer más publicaciones, acudir a más congresos con sus comunicaciones, tener buenos resultados en el hospital… Y eso tiene que ser recompensado. Cuando no es así, el médico se desincentiva. Algo que está pasando en la sociedad en general, se acentúa en los casos del médico y la enfermera, y de los profesionales en general del sector sanitario, porque hablamos de trabajos donde uno no asciende por antigüedad, sino por méritos. Cuando esas cadenas de méritos son muy igualitaristas, o los méritos son de muy poco nivel y están al alcance de todo el mundo, se crea –y eso es lo que tenemos– una apatía general del sistema sanitario y, en especial, de los profesionales.

La gestión de los servicios públicos, a nuestro entender (y así lo recoge la ley de ordenación sanitaria en Cataluña) es el instrumento básico para prestar los servicios públicos. Mucha gente, de una manera maniquea, considera que la gestión empresarial equivale a privatizar la sanidad. Sin embargo, la sanidad puede ser perfectamente propiedad del Estado, y el trabajador funcionario, pero eso no se quiere decir que se apliquen criterios de gestión empresarial. Esos criterios, por cierto, no son ideológicos, porque se estudian en las facultades de Económicas de las universidades. Por el contrario, forman parte de un tema profesional, académico y de conocieminto.

Por lo tanto es evidente que las políticas de recursos humanos rígidas y poco incentivadoras, son muy proteccionistas con vistas al trabajo. Cuanto más se protege menos se incentiva. En mi opinión hay que evitar los dos extremos: el despido a la americana (“usted mañana no vuelve”) y el hacer tan sólo lo que está escrito que se tiene que hacer en función del puesto que se ocupa. Lo ideal es que, sin perder la confortabilidad y la seguridad del trabajo, se tenga una recompensa por lo que se hace.

Usted compareció en la Subcomisión del Pacto por la Sanidad y defendió los modelos de gestión mixta. ¿Cree que en ese acuerdo –aún por definir– tienen cabida las nuevas formas de administrar las organizaciones sanitarias?

El pacto es imprescindible. Los problemas de la gestión son generales, pero las soluciones tienen que ser locales, y no me refiero a que deban hacerse en las comunidades autónomas, sino que en cada caso y en cada situación se ha de buscar la solución idónea. En el caso de una misma comunidad, la solución idónea será, en algunos casos, que alguien en concreto haga la inversión y que haya un operador que lo gestione. En otros casos, convendrá que tanto la gestión como la inversión sean públicas, o bien que sea compartida… Dependerá mucho de las circunstancias y del entorno en que se desarrolla el proyecto en cuestión.

El pacto deberá reconocer un sistema de gestión plural, en el que lo que prime sean los resultados y no los instrumentos. Los modelos de gestión no son, pues, el problema, sino que no se desarrolle una central de ámbito estatal y autonómico que ponga en cuestión aquel modelo de gestión cuyos resultados no sean los adecuados. Y cuando digo resultados hablo en términos clínicos, económicos, sociales… Mientras no se ponga eso sobre la mesa, estaremos haciendo un falso debate ideológico, y eso es lo que advertí en la Subcomisión: dejémonos de debates ideológicos y centrémonos en lo que se hace en cada comunidad y en qué resultados se obtienen, hagamos mucho benchmarking, es decir, que allá donde se aplique un sistema de gestión exitoso objetivamente por sus resultados, sea copiado por los demás. No es una cuestión de competencia sino, por el contrario, de innovación. Por tanto: resultados, transparencia y dejémonos de debates ideológicos.

La política de comunicación constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la filosofía de la Unió Catalana de Hospitales. Los directivos de los centros hospitalarios, ¿adolecen de falta de comunicación de puertas afuera?

Los gestores de la salud guardan cierta tradición en el tiempo, ya que se pusieron en marcha a partir de la Ley General de Sanidad de 1986 y la creación del Insalud. Por tanto, tienen ya una edad y madurez que los hace visibles. Sin embargo, el debate sanitario parecen acapararlo políticos y profesionales, y éstos suelen actuar como grandes solistas. De hecho, creo que tenemos a los mejores solistas que hay en Europa y aun en el mundo. Esos solistas, además, también saben trabajar en equipo, y hacen pequeñas bandas o orquestas. Al final, quien dirige esas bandas y orquestas, el directivo, es el gran olvidado. Pero sin directivos profesionales no politizados, capaces y a los que se les mide en función de los resultados, no funciona ninguna organización sanitaria. De ahí que tengamos muy clara la acérrima defensa del gestor como elemento clave en el éxito de las organizaciones, sabiendo dirigir una buena orquesta.

Por último, ¿podría hacerme un balance de la actividad en 2009 de la Unió Catalana de Hospitales, y una previsión de la de 2010?

En 2009 creo que hemos cumplido suficientemente, desde el punto de vista de nuestras finalidades, con los planteamientos de trabajo que nos habíamos hecho. Nosotros trabajamos en función de planes estratégicos de cinco años y de planes anuales derivados de aquéllos. El balance creo que es altamente positivo si se tiene en cuenta que el fin de la organización es contribuir al éxito, gobierne quien gobierne: somos muy coherentes en eso. No estamos para derribar gobiernos, sino para ayudarlos. Tratamos de ayudar a que el Gobierno solucione el problema que tenga, sea cual sea, porque eso redunda en bien del sistema.

Esa sinergia con la Administración, tanto en defensa del sector sanitario privado como del concertado, creo que nos ha llevado a obtener réditos importantes y de los que siempre rendimos cuentas. Por poner algunos ejemplos, aunque no hemos logrado un éxito completo, al menos está abierto el debate sobre la fiscalidad y el IVA en el sector sanitario. Creo si alguien en el sector sanitario, y en los sectores políticos competentes en la materia, no saben cómo afecta ese factor al nivel sanitario, pueden saberlo a partir de la iniciativa que hemos planteado.

Por otro lado, hemos hecho estudios solventes (que presentamos en 2008 y hemos revisado en 2009) que demuestran que la sanidad, tanto pública como privada, no solamente es un servicio social que atiende la enfermedad y contribuye a la salud, y constituye una potente maquinaria del sector económico, sino que incluso puede revelarse como uno de los elementos que contribuya a desarrollar un nuevo modelo productivo en España. Esto lo reflejan los estudios de la Uniò y ha hecho que la mayoría de comunidades autónomas, e incluso el Ministerio, configuren un cierto discurso en este sentido. Éste último, en efecto, ha empezado a integrar el discurso de que la sanidad no es un sector de gasto, sino de generación de riqueza. Si reparamos en que, en el hospital, el 60 por ciento del gasto parte de la plantilla –es decir, de puestos de trabajo– y el otro 40 por ciento parte de la compra de servicios a terceros, nos damos cuenta de que el sector sanitario es un motor de la economía. Por lo tanto, poner dinero público en la sanidad equivale a retornar dinero al conjunto de la sociedad y no sólo a curar pacientes.