Gestión e innovación

EXPERTOS ADVIERTEN DE QUE EL DÉFICIT LLEGARÁ A LOS 50.000 MILLONES DE EUROS EN 2020

El copago vuelve a erigirse en tabla de salvación del SNS


El capital se invertiría en mejorar los recursos y financiar programas de prevención de la salud
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Alejandro Beltrán, socio y office manager de McKinsey & Company en España; y Luis Garicano, director de la Cátedra Fedea- McKinsey y catedrático de la London School of Economics.

Javier Barbado. Madrid. De continuar como hasta ahora el crecimiento del gasto sanitario en España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) podría ver comprometida su solvencia en apenas una década, tiempo en el que ese gasto se duplicaría según las previsiones de la cátedra formada por la consultora McKinsey & Company y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Aunque sus responsables reconocen que “la sanidad pública española es un referente internacional”, tampoco ocultan que “están en riesgo su sostenibilidad, calidad y accesibilidad”. De hecho, calculan que, en 2020, el déficit acumulado podría llegar a los 50.000 millones de euros.

Por esa razón presentaron, a finales del año pasado, un informe en el que se proponen cuatro grandes medidas para dar los primeros pasos hacia una “reforma” del SNS que lo haga sostenible a largo plazo, y siempre que se preserven sus “principios básicos” de “universalidad y equidad”.

Entre ellas destaca “la introducción de un ticket moderador de la demanda en Atención Primaria y urgencias, y la revisión del actual modelo de pago farmacéutico”, es decir, una solución que imite los esquemas de “pago compartido” de otras naciones en las que la idea ha tenido éxito, y que fue expuesta por María del Mar Martínez, socia de la consultora mencionada.

Eso sí: habrá que esmerarse en definir qué tipo de copago merece la pena. En Alemania, por ejemplo, se implantó un pago trimestral, una suerte de “tarifa plana” que permitía al enfermo ser asistido cuantas veces fuesen necesarias en ese periodo, razón de que no fuese demasiado rentable, explicó Martínez.

No se trata de recaudar, sino de concienciar

En todo caso, no se trata de una medida con afán recaudatorio, sino que su finalidad esencial reside en concienciar al ciudadano del coste de la sanidad pública para que, de ese modo, no lo visite salvo si resulta de verdad necesario (se calcula que, en España, una de cada tres visitas al médico obedecen a razones administrativas). Así, el también socio de McKinsey & Company, Alejandro Beltrán, citó las experiencias de otros países –una de las fuentes del estudio– y recordó que se ha constatado una disminución de la demanda de pacientes de entre un cinco y un 15 por ciento gracias a diversas estrategias de cofinanciación de los sistemas sanitarios.

Respecto al gasto farmacéutico en España, se calcula que excede en un 20 por ciento la media europea. Por eso los autores del informe proponen una “revisión” del modelo de pago que mantenga el 40 por ciento de contribución para la población activa (con exenciones según la renta y el empleo) y el diez por ciento al coste del medicamento (con un máximo de 4 o 5 euros por receta, y con exenciones totales y parciales según los casos) para los enfermos crónicos, pero que también trate de equiparar el esfuerzo contributivo de éstos con el de los pensionistas, quienes consumen el 70 por ciento del total de recetas con crecimientos del 9 por ciento anual.

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De izq. a dcha.: Ramón Forn, socio director de McKinsey & Company; María del Mar Martínez, socia de McKinsey & Company; Pablo Vázquez, director ejecutivo de Fedea; Alejandro Beltrán, socio y office manager de McKinsey & Company en España; y Luis Garicano, director de la Cátedra Fedea- McKinsey y catedrático de la London School of Economics / J.B.

Las otras tres sugerencias del informe son la incorporación sistemática a la sanidad pública de las innovaciones en el campo de la salud, la transparencia en el desempeño de los proveedores de servicios sanitarios y el fomento de modelos de autogestión.

En este sentido, el director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez, enumeró algunos ejemplos ya en marcha en comunidades como Cataluña, caso de las entidades de base asociativa (EBA), o la figura jurídica de “empresa pública” en Andalucía, entre otros. Según reza el trabajo, se trata de buscar “un modelo organizativo que otorgue mayor autonomía de gestión a los profesionales” de modo que “ayude a mejorar el desempeño de los proveedores en línea con los objetivos de calidad y eficiencia del sistema al fomentar una mayor responsabilidad en los resultados e involucrar a los profesionales en la gestión de los centros”. Para Martínez, sería lícito que, si un centro logra superávit en su balance, los beneficios reporten en ese organismo. Y en ese mismo contexto encuadró la conveniencia de recompensar con incentivos a los profesionales.