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Miércoles, 11 de diciembre de 2013   |  Número 89 Año IV
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AES PUBLICA UN INFORME CON 166 PROPUESTAS
Economistas de la salud instan a revisar el acceso a la sanidad y el copago
Señalan a la evaluación de resultados como principal laguna del SNS

Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La cúpula directiva de la Asociación de Economía de la Salud (AES) ha presentado su informe actualizado de diagnóstico y propuestas del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en este contexto, ha instado a los poderes públicos a revisar la modificación incluida en el Real Decreto 16/2012 sobre los requisitos de acceso a la asistencia sanitaria pública ya que, en su opinión , se ha ‘tocado’ la naturaleza esencial del modelo español devolviéndolo a una situación “preconstitucional” en la que se habla de asegurados como beneficiarios de la sanidad en lugar de considerarla un derecho de todo ciudadano: “Nuestra propuesta es abolir como criterio de acceso la residencia efectiva y autorizada y poner en su lugar la residencia efectiva y prueba de insuficiencia”, ha matizado.

 Oliva aboga por  la rendición de cuentas en el SNS.

 García-Gómez reivindica cambiar la cobertura sanitaria.


El coordinador del estudio, que se publicará de forma fraccionada por capítulos en la web de la agrupación y estará disponible en su totalidad a principios del próximo año, Juan Oliva; la presidenta de ésta, Marta Trapero-Bertran, y la vicepresidenta, Pilar García-Gómez, han enumerado algunas de las 166 propuestas contenidas en el informe, entre las que destaca una revisión del sistema de copago de los medicamentos y productos sanitarios estableciendo un tope de acuerdo con la renta de cada persona y diluyendo distinciones entre pensionistas y población activa.

García Gómez, por su parte, ha insistido en que la AES exige una revisión profunda y sosegada del criterio de cobertura del sistema sanitario público así como un cambio cualitativo en la gestión y gobierno de las instituciones sanitarias “a partir de criterios de coste-eficiencia”. “Países como Reino Unido, Australia y Canadá –ha recalcado– llevan décadas utilizando la eficacia efectiva relativa o valor terapéutico añadido así como la relación coste-efectividad como criterios clave para ordenar su cartera de prestaciones”.

En este sentido, la vicepresidenta de la AES ha apuntado que la institución propone “recurrir a la evaluación económica y al análisis del dato presupuestario para la toma de decisiones y la fijación del precio de los medicamentos y de los productos sanitarios y no recurrir a la negociación sin más entre la industria [farmacéutica] y el Ministerio [de Sanidad]”.

Trapero-Bertran y el propio Oliva han aludido asimismo a la constitución, en España, de una Agencia Nacional de Evaluación que ofrezca los datos imprescindibles para que los especialistas y, en segunda instancia, los políticos, puedan escoger aquellas fórmulas y modelos más beneficiosos para el SNS desde el punto de vista de la equidad en el acceso a la asistencia, la efectividad en los resultados de salud y la solvencia económica y financiera: “Sin embargo, en la actualidad son los [político] quienes toman las decisiones no sabemos en función de qué, porque nosotros, los economistas de la salud, no tenemos los datos necesarios” que permitan decantarse por una u otra fórmula gestora, ha razonado a Redacción Médica la presidenta de la AES.

 Juan Oliva, Marta Trapero-Bertran, Pilar García Gómez, José Ramón Repullo (jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud, Escuela Nacional de Sanidad) y José Manuel Freire, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

Preguntado por la colaboración público-privada, el expresidente de la AES y coordinador del informe ha criticado que “una comunidad autónoma” disolviese la agencia de formación y evaluación sanitaria autonómica semanas después de publicar su ‘Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público’ en el que se contemplaba el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión privada de hospitales y centros de titularidad pública. Desde su punto de vista, ése es el camino justamente contrario al que reclama de facto la institución a la que pertenece.

 

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